Propuesta municipal y visión estratégica
El alcalde de la Ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi, ha declarado públicamente que dejar pasar la oportunidad de incorporar Bitcoin y tecnologías descentralizadas en el desarrollo urbano sería tan grave como no haber ampliado el Canal de Panamá en su momento. La afirmación surge en el contexto de una creciente discusión sobre el papel de ciudades latinoamericanas en la integración de la economía digital global.
La postura de Mizrachi no responde a una política nacional ni a una orden gubernamental, sino a una visión estratégica desde el nivel local. Panamá, como centro financiero tradicionalmente abierto y con fuerte conexión internacional, podría encontrar en la adopción temprana de criptomonedas una ventaja comparativa similar a la que supuso, en su tiempo, el control del tránsito y comercio interoceánico.
Comparativa con otras jurisdicciones cripto-amigables
La propuesta panameña se alinea con modelos implementados en otras ciudades que han buscado posicionarse como hubs de innovación financiera. Lugares como Lugano, en Suiza, o incluso Miami en Estados Unidos, han creado marcos de incentivo municipal para impulsar la presencia de empresas blockchain y fomentar el uso de criptomonedas a nivel ciudadano.
A diferencia de estas ciudades, que operan en países con claridad legal sobre criptoactivos, Panamá enfrenta un marco aún poco definido. El Congreso nacional ha debatido leyes de cripto sin llegar a un consenso firme, lo que deja margen para que procesos desde lo local tomen la delantera y estimulen regulaciones desde abajo hacia arriba.
Además, el hecho de que esta visión provenga de una autoridad municipal marca una diferencia relevante: indica una creciente descentralización de las políticas cripto, donde alcaldías, gobiernos regionales y sectores privados comienzan a liderar la adopción más allá de los Parlamentos nacionales.
Riesgos, promesas y obstáculos para implementarlo
Entre las principales implicaciones están los desafíos normativos y de infraestructura técnica. A falta de una ley nacional que respalde de forma explícita el uso cotidiano de criptomonedas, cualquier propuesta del ayuntamiento panameño requeriría acuerdos legales alternativos o modelos tipo sandbox (espacios regulados de prueba).
Otro punto crítico será garantizar la inclusión financiera: adoptar Bitcoin en contextos urbanos con desigual acceso a tecnología móvil puede profundizar la brecha digital. También existe el riesgo reputacional si la actividad cripto se asocia -sin mecanismos de supervisión adecuados- con lavado de dinero u otros delitos financieros.
No obstante, la visión del alcalde podría atraer capital humano e inversionistas cripto que buscan jurisdicciones más flexibles. A medida que otras ciudades adoptan enfoques similares, la competencia por atraer talento blockchain se intensifica, y Panamá podría posicionarse a tiempo si actúa con decisión.
Perspectiva comparativa en contexto global
En el marco de aceleración regulatoria que atraviesan regiones como Europa y Asia, donde marcos como MiCA aportan claridad al ecosistema, la Ciudad de Panamá parece buscar un rol adelantado sin esperar a decisiones nacionales. Esto representa una estrategia audaz, pero que podría convertirla en un nodo relevante del mercado cripto regional si se ejecuta con prudencia y visión técnica.
