Rivero: México necesita reglas propias para criptoactivos
El llamado desde la operación local de la exchange más grande del mundo es directo: México requiere un ajuste de su marco regulatorio para activos digitales. Salvador Rivero, General Manager de Binance México, plantea que encuadrar a los criptoactivos sólo bajo la Ley Fintech ya no alcanza para un ecosistema que creció en volumen, sofisticación y relevancia sistémica. Su argumento central es que el país necesita definiciones específicas sobre custodia, negociación, emisión de tokens y lineamientos de prevención de lavado orientados a la tecnología blockchain, no simples extensiones de reglas para pagos electrónicos. En sus palabras, «la industria cripto en el país se está consolidando como la nueva.» Esa consolidación, sin embargo, exige instrumentos normativos que distingan entre plataformas de intercambio, proveedores de custodia, emisores de stablecoins y desarrolladores de infraestructura Web3.
El punto operativo detrás de la postura es claro: sin una regulación de criptomonedas a detalle, los bancos tienden a sobrerregular por prudencia o, de plano, a cerrar puertas a negocios legítimos por temor a sanciones. Eso ralentiza la inclusión financiera, encarece el cumplimiento y empuja a usuarios y emprendedores hacia jurisdicciones con reglas más predecibles. Rivero pone sobre la mesa un dilema práctico que hoy enfrentan startups y jugadores tradicionales: con criterios fragmentados, la misma actividad puede interpretarse de formas distintas según el área de cumplimiento, lo cual eleva tiempos de autorización, costos legales y fricción comercial. Un paquete de leyes de cripto específico reduciría esas asimetrías.
Para México, el beneficio de un marco más granular no es sólo ordenar al sector: también es protegerlo. Al separar con claridad actividades de custodia (guardar activos digitales en nombre de clientes) de las de corretaje (intermediar compraventas), se establecen salvaguardas sobre segregación de fondos, auditorías técnicas, ciberseguridad y divulgación de riesgos. Estas piezas, ausentes o tratadas de forma genérica bajo la fintech, son la base para evitar fallos operativos y conflictos de interés. En paralelo, permitirían a los bancos interactuar con el mercado cripto bajo reglas conocidas, en lugar de operar con cartas de interpretación o tolerancias administrativas.
Ley CLARITY y la señal que envía EE. UU.
El debate mexicano ocurre mientras en Estados Unidos avanza la discusión de la Ley CLARITY, concebida para dar certidumbre a las instituciones financieras que desean ofrecer servicios con activos digitales en un entorno global cambiante. El mensaje político-regulatorio es potente: cuando el regulador principal de la banca reconoce que necesita reglas claras para esta clase de activos, el resto de las jurisdicciones toma nota. La premisa es que la claridad reduce riesgos de interpretación, acota litigios y habilita la innovación dentro de carriles predefinidos.
En ese contexto, la voz de Chris Giancarlo, ex presidente de la CFTC, pesa: considera que los bancos necesitan más la Ley CLARITY que la propia industria cripto. El razonamiento es pragmático: el capital bancario, la custodia calificada y los servicios de pagos institucionales son palancas clave para escalar la adopción, pero se mantienen en pausa si el cumplimiento normativo es incierto. La claridad legal también ordena responsabilidades entre supervisores y uniforma estándares de riesgo tecnológico, terceros proveedores y manejo de llaves privadas (los elementos criptográficos que dan acceso a fondos). En la práctica, sin certezas, las instituciones financieras corren el riesgo de quedarse detrás de sus competidores globales, un costo de oportunidad que, en mercados abiertos, se traduce en pérdida de clientes y talento.
La senadora Cynthia Lummis ha sido una de las voces más consistentes en Washington al impulsar mayor definición para los activos digitales. Para México y América Latina, la relevancia de ese impulso es doble. Primero, porque gran parte de los flujos de remesas, comercio electrónico transfronterizo y financiamiento de startups se vincula con bancos y proveedores de pagos con presencia en Estados Unidos. Segundo, porque marcos compatibles facilitan el pasaporte regulatorio (la posibilidad de que una empresa cumpla estándares similares en varias jurisdicciones), lo que abarata el cumplimiento y acelera la competencia. Si la CLARITY ordena la relación bancos-cripto en EE. UU., México puede ganar al adaptar las lecciones y desarrollar sus propias leyes de cripto sin copiar y pegar, priorizando sus objetivos de estabilidad, competencia y protección al consumidor.
Competitividad, costos y mercado: por qué urge el cambio
El telón de fondo es un mercado cripto que ya no es de nicho. Al 14 de marzo de 2026, Bitcoin cotiza en 71,026 dólares (0.36%), Ethereum en 2,097 dólares y Solana en 87.69 dólares. Sólo Bitcoin concentra una capitalización de 1.42 billones de dólares. Estas cifras no son para celebrar volatilidad, sino para dimensionar el tamaño del fenómeno que un país pretende encuadrar. Cuando un activo alcanza ese peso de mercado, la discusión de marco regulatorio deja de ser teórica: impacta requisitos de capital bancario, normas contables, seguros de depósitos, gestión de riesgos tecnológicos y hasta políticas de competencia.
En México, la ausencia de reglas específicas provoca duplicidad de controles. Una startup que ofrece custodia debe cumplir, por prudencia, con estándares de centros de datos, criptografía y continuidad de negocio comparables a los de una entidad financiera clásica, aunque la norma no los detalle. Y un banco que explora servicios de tokenización o resguardo, ante la ambigüedad, impone vetos internos o aditivos de cumplimiento que encarecen cualquier piloto. Un estatuto de regulación de criptomonedas con definiciones operativas —qué es custodia calificada, cómo separar activos propios de los de clientes, cuáles son los lineamientos mínimos de ciberseguridad y de transparencia de tarifas— recorta la niebla y abarata la operación sin sacrificar controles.
El costo de no moverse es medible en tres rubros. Primero, competitividad: bancos y fintech locales pierden frente a pares que operan bajo reglas claras en otros países, donde la venta institucional, la gestión patrimonial y los pagos minoristas con activos digitales ya son una línea de negocio definida. Segundo, riesgo: en ausencia de carriles formales, las relaciones banco-exchange se vuelven frágiles, con cierres de cuentas que afectan a comercios y usuarios finales. Tercero, recaudación y trazabilidad: sin reglas que incentiven el on-chain compliance (controles y reportes nativos en blockchain), parte de la actividad migra a plataformas no supervisadas, con menor cooperación tributaria. Un marco regulatorio moderno puede corregir esos tres frentes sin caer en sobrecarga normativa.
La experiencia comparada sugiere un camino gradual. Definir, primero, perímetros de actividad y licencias por función: intercambio, custodia, emisor de tokens de valor referenciado y proveedor de infraestructura. Segundo, establecer estándares técnicos auditables (respaldo de activos, gestión de llaves, segregación, pruebas de reservas) que eviten arbitraje regulatorio. Tercero, clarificar cómo interactúan bancos y proveedores cripto para que la actividad no quede en una zona gris. Estos pasos no exigen reinventar la rueda: la CLARITY da pistas sobre cómo priorizar certezas para la banca, mientras México adapta los detalles a su estructura de supervisión y a su política de competencia. En ese trayecto, el rol de actores como Binance México —que operan a gran escala— y de asociaciones locales será clave para aterrizar reglas que protejan al usuario sin bloquear innovación.
El objetivo no es sobreexpandir la norma, sino volverla predecible. La regulación de criptomonedas efectiva reduce litigios, mejora la calidad de la información al consumidor y habilita productos más seguros, desde cuentas de inversión con exposición limitada hasta servicios de pagos con liquidación en cadena. Si el país delimita responsabilidades, incentiva buenas prácticas y consolida supervisión coordinada, el mercado cripto puede integrarse con la banca sin fricciones innecesarias. Y eso, como recuerda la discusión de la CLARITY, beneficia tanto a las instituciones tradicionales como a los nuevos proveedores. De lo contrario, la fragmentación normativa seguirá imponiendo costos ocultos que restan competitividad y confianza.
Perspectiva inmediata
En los próximos meses, será clave observar si México empuja una agenda de leyes de cripto dedicadas, tomando lecciones de la CLARITY para fortalecer su propio marco regulatorio. También será determinante el diálogo entre banca, reguladores y exchanges para traducir consensos técnicos en reglas aplicables que reduzcan costos de cumplimiento y eleven estándares de protección.
