Proyecto de ley cripto retomaría impulso en Wall Street el próximo mes

Qué se sabe del eventual regreso del proyecto

Un amplio proyecto de leyes de cripto en Estados Unidos, dado por muerto en los pasillos del Congreso, volvería a escena el próximo mes, según reportes recientes. El dato clave es doble: no se ha archivado y, de acuerdo con fuentes legislativas, podría regresar a la agenda en el corto plazo, en medio de una pugna que persiste en Wall Street entre actores financieros tradicionales y empresas nativas de activos digitales. Como contexto de mercado, Bitcoin cotiza alrededor de 66,141 dólares (-4.03%), Ethereum cerca de 1,992 dólares y Solana en 83.09 dólares, mientras la capitalización de BTC ronda 1.32 billones, de acuerdo con CoinGecko.

Que un proyecto de esta envergadura “siga vivo” importa por dos razones. Primero, porque el vacío y la fragmentación del marco regulatorio actual han dejado a la industria oscilando entre acciones de cumplimiento y reglas no escritas. Segundo, porque el sistema financiero tradicional —la banca, las gestoras de activos y los corredores— demanda certidumbre jurídica para integrar productos y servicios expuestos a cripto sin fricciones operativas o riesgos legales excesivos. En otras palabras: la regulación de criptomonedas se ha convertido en una pieza de infraestructura de mercado tan crítica como un riel de pagos o una cámara de compensación.

La expectativa de que el texto vuelva a circular el próximo mes no zanja, por sí sola, el debate de fondo: quién regula, qué se regula y cómo se aplican las reglas. En Estados Unidos, esa conversación inevitablemente roza a los reguladores financieros federales —como la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC)—, al Departamento del Tesoro y a los propios mercados, desde las plataformas de intercambio hasta los custodios. El retorno del proyecto reabriría, por lo tanto, capítulos que llevan años en disputa y que hoy concentran atención en Wall Street: clasificación de activos, supervisión del mercado al contado, normas de custodia y obligaciones de divulgación para emisores y plataformas.

Por qué importa para Wall Street y el mercado cripto

Para Wall Street, un conjunto claro y coherente de leyes de cripto puede significar tres cosas muy concretas: menores costos de cumplimiento, productos escalables y una expansión de la base de clientes institucionales. Sin reglas específicas, las firmas tradicionales enfrentan un rompecabezas: cómo listar, custodiar y valorar activos digitales, cómo implementar controles contra el lavado de dinero y cómo interactuar con infraestructuras de cadena (blockchains) que operan 24/7. Un proyecto integral puede alinear definiciones, responsabilidades y estándares operativos. Eso, a su vez, facilita auditorías, calificaciones de riesgo y cobertura de seguros, requisitos imprescindibles para grandes carteras de inversión.

Del lado del mercado cripto, el beneficio potencial está en la certidumbre: claridad sobre qué tokens se consideran valores (securities) y cuáles mercancías (commodities), qué divulgaciones deben ofrecer los emisores, bajo qué licencias operan los intermediarios, qué se exige a custodios y cómo se protegen los activos de los clientes. También podrían definirse principios para las stablecoins (activos vinculados a una moneda fiduciaria), reglas de interoperabilidad y mecanismos de supervisión para mercados al contado que hoy carecen de un árbitro designado con alcance nacional. Nada de esto está garantizado, pero sí está sobre la mesa cada vez que se reabre el debate legislativo.

La “batalla en Wall Street” que acompaña este posible regreso del proyecto refleja intereses encontrados. Bancos y gestores de activos buscan certezas para ofrecer exposición a cripto bajo estructuras conocidas —fondos, notas, derivados estandarizados—, mientras empresas nativas cripto temen que una sobrerregulación ahogue la innovación o concentre el negocio en manos de quienes ya dominan la infraestructura financiera. Un marco regulatorio calibrado debe equilibrar ambos objetivos: protección al usuario e innovación. Esa es la tensión de fondo.

Qué podría cambiar para empresas, usuarios y reguladores

Aunque el texto específico aún no se discute públicamente, los ejes típicos de un paquete integral apuntan a cambios operativos para la industria. Para las plataformas de intercambio, estándares explícitos de custodia segregada, requisitos de capital y procedimientos de gestión de conflictos de interés (por ejemplo, separación entre negociación propia y atención a clientes). Para emisores de tokens, criterios de divulgación proporcional al riesgo, auditorías de código cuando corresponda y lineamientos para eventos como actualizaciones de protocolo o cambios en la gobernanza en cadena (on-chain).

Las empresas con exposición institucional en Wall Street —corredores, custodios calificados y proveedores de datos— ganarían rutas de licenciamiento y reglas de interoperabilidad con infraestructuras de liquidación existentes. Eso reduce fricciones de back-office, facilita la contabilidad y puede disminuir el costo de capital al otorgar mayor previsibilidad regulatoria. Para los usuarios finales, un piso más parejo de protección al consumidor: información comprensible, separación patrimonial, procesos de quejas y, potencialmente, un esquema de supervisión coordinado que limite prácticas abusivas.

Para los reguladores, el retorno del proyecto abriría la puerta a pasar de la supervisión por “aplicación” caso por caso a la regulación basada en normas claras. Una arquitectura jurídica que asigne competencias —por ejemplo, cuándo la SEC evalúa si un activo es un valor y cuándo la CFTC vigila el mercado al contado— ayudaría a evitar solapamientos y a dotar de previsibilidad al ecosistema. También permitiría a las agencias concentrarse en riesgos sistémicos y en coordinación internacional, un frente cada vez más relevante dada la naturaleza transfronteriza del mercado cripto.

Para América Latina, y México en particular, la señal es relevante. Muchas empresas de la región acceden a financiamiento o infraestructura en dólares a través de vehículos y contrapartes estadounidenses. Un conjunto definido de leyes de cripto en la principal plaza financiera del mundo suele irradiar estándares y mejores prácticas. Bancos corresponsales, proveedores de pagos y custodios regionales podrían adaptar procesos en función de lo que dicte Washington. En paralelo, los reguladores latinoamericanos ganarían un punto de referencia más nítido para armonizar su propia regulación de criptomonedas, reduciendo arbitrajes y clarificando requisitos para operar de forma transfronteriza.

Ruta legislativa y escenarios de avance

En términos de procedimiento, el “regreso” del proyecto puede adoptar varias formas: reactivación en comités, circulación de un borrador revisado para comentarios o agendamiento para debate en el pleno. Cualquiera de estas opciones implicaría negociaciones sobre alcance, definiciones y salvaguardas. El proceso típico en el Congreso estadounidense incluye audiencias, enmiendas, votación en la Cámara de Representantes y el Senado, reconciliación de textos y, finalmente, firma presidencial. En ese recorrido, las posiciones de Wall Street y de la industria cripto no son un detalle: influyen en la letra chica mediante comentarios técnicos y presión pública.

El calendario también pesa. Con ventanas legislativas apretadas y atención repartida entre prioridades económicas y electorales, lograr mayorías requiere concesiones: fases de implementación, períodos de transición y mandatos claros para que las agencias redacten normas secundarias. Esa ingeniería institucional suele ser el corazón del éxito de un gran paquete regulatorio: no solo qué se aprueba, sino cómo se ejecuta y en qué plazos.

Perspectiva inmediata

En las próximas semanas, el termómetro será si el proyecto efectivamente reaparece en comités o en agenda pública. Si ocurre, volverán al centro del debate la definición de activos, la supervisión del mercado al contado y las reglas para custodios. Para la audiencia hispanohablante, será clave observar cómo ese marco regulatorio estadounidense perfila la siguiente etapa de la regulación de criptomonedas a nivel global.