Venezuela inicia juicio PDVSA-Cripto con 61 acusados y $5,550M desviados

El mayor caso de corrupción cripto de América Latina llega al debate oral

El Palacio de Justicia de Caracas es escenario este miércoles del inicio del debate oral y público del caso PDVSA-Cripto, la mayor causa de corrupción con criptoactivos registrada en América Latina. Ante la jueza Alejandra Romero Castillo, 61 acusados enfrentan cargos por haber desviado divisas de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) a través de criptoactivos y decenas de empresas fachada. La acusación formal, presentada en julio de 2022 por la Fiscalía General ante el Tribunal Especial de Control de Caracas con competencia en corrupción, cifra el daño patrimonial en $5,550 millones de dólares —aproximadamente 96,200 millones de pesos al tipo de cambio actual—. El abogado Hermann Escarrá señaló previamente que la cifra real podría superar los $23,000 millones de dólares según estimaciones más amplias del esquema, mientras que informes periodísticos de El Tiempo apuntaron a cifras de entre $15,000 y $21,000 millones.

El caso tiene como protagonista central a Tarek El Aissami, exministro de Petróleo y exvicepresidente de Nicolás Maduro entre 2017 y 2018. El exfuncionario fue detenido en abril de 2024 junto al exministro de Finanzas Simón Zerpa y el empresario Samark López Bello, señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como testaferro de El Aissami. Otros procesados incluyen a Joselit Ramírez —exjefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip)—, el exdiputado Hugbel Roa —quien presentó el whitepaper del Petro en enero de 2018—, el coronel José Antonio Pérez Suárez y el presidente de PDVSA-Puertos José Agustín Ramos Chirinos. Las primeras 61 detenciones se produjeron entre marzo y junio de 2023 en el marco de la Operación Anticorrupción; El Aissami, Zerpa y López Bello fueron aprehendidos posteriormente en abril de 2024. Bitcoin cotizaba este miércoles en $78,284 dólares —equivalentes a 1.36 millones de pesos— con un alza de 2.97% en 24 horas, según CoinGecko.

Sunacrip, 74 empresas fachada y crudo venezolano: el mecanismo de la trama

La acusación del fiscal 50 nacional Eddy Alberto Rodríguez Bencomo describe un esquema que instrumentalizó al propio regulador cripto de Venezuela. Según la Fiscalía, los implicados asignaron cargas de crudo de PDVSA directamente a la Sunacrip y a particulares sin pasar por los controles administrativos ordinarios de la empresa estatal. Las divisas generadas por esas ventas fueron canalizadas a través de 74 sociedades mercantiles para impedir que ingresaran a las arcas del Estado, con criptoactivos como vehículo central del esquema.

El exfiscal general Tarek William Saab describió el mecanismo como ventas de productos de PDVSA y compañías mineras estatales realizadas por debajo del valor de mercado, con cobro de comisiones en todo el proceso de comercialización y solicitud de dádivas para garantizar acceso a contratos. El trasfondo operativo era eludir las sanciones financieras impuestas por Washington contra Venezuela: las criptomonedas permitían mover divisas sin pasar por el sistema bancario internacional. El mecanismo recuerda al documentado por Chainalysis en 2025, cuando el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) comenzó a cobrar peajes en el Estrecho de Ormuz en stablecoins para evadir sanciones bancarias. En el caso venezolano, la diferencia es de escala institucional: la entidad creada por el gobierno para regular los criptoactivos fue convertida, según la acusación, en uno de los engranajes del propio desfalco.

Cinco cargos para El Aissami y el significado procesal del debate oral

La Fiscalía formula contra Tarek El Aissami cinco cargos: traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias, legitimación de capitales y asociación. El Aissami arrastra además señalamientos previos de Washington: en 2017, la administración Trump lo incluyó en su lista de dirigentes sancionados por desempeñar un papel significativo en el tráfico internacional de drogas —designación Specially Designated Narcotics Trafficker—, y en 2019 el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo colocó entre los 10 prófugos más buscados bajo acusación de narcotráfico internacional. Samark López Bello, su empresario de confianza, también fue incluido en la lista de sanciones del Departamento del Tesoro en ese mismo período.

Su caída definitiva no ocurrió en Washington sino en Caracas, cuando el propio gobierno de Maduro ordenó su detención en abril de 2024, dos meses antes de las elecciones presidenciales venezolanas. La sesión del lunes 21 de abril sirvió para que el Ministerio Público expusiera los cargos ante la jueza Romero Castillo, quien acordó ese mismo día continuar el debate este miércoles 22 de abril. El inicio del debate oral público representa el primer momento en que los hechos serán discutidos formalmente ante un tribunal con capacidad de condena.

El caso PDVSA-Cripto es uno de cinco procesos abiertos por la Operación Anticorrupción, que también investiga irregularidades en el Poder Judicial venezolano, industrias básicas, alcaldías y Cartones de Venezuela. Lo que se decide ahora no es si ocurrió la sustracción, sino quién responderá ante ella —y en qué medida Venezuela tiene capacidad institucional para procesar a su propia élite política a través de las mismas criptomonedas que el Estado promovió como instrumento soberano.