Rivero: una ley específica para cripto, no solo fintech
Salvador Rivero, de Bin, puso sobre la mesa un reclamo que ya resuena en el ecosistema: México necesita una ley dedicada a la actividad con activos digitales. En sus palabras, ‘La industria cripto necesita su propia ley’, pues el encuadre actual bajo la regulación fintech no captura la complejidad tecnológica, de riesgo y de operación de los servicios con criptoactivos. Su postura es clara: ‘No es suficiente ser parte de la regulación fintech.’ La lógica detrás del argumento es práctica: el universo cripto abarca desde intercambios, custodia y pagos, hasta finanzas descentralizadas (DeFi), stablecoins, tokenización y modelos híbridos de valor que no calzan de forma limpia en las categorías financieras tradicionales.
El mensaje de Rivero no es una crítica a la Ley Fintech per se, sino al desajuste entre su enfoque y las necesidades actuales del sector. La Ley Fintech nació para ordenar instituciones de tecnología financiera como pagos electrónicos, crowdfunding y modelos novedosos controlados por supervisión financiera; en cambio, la dinámica del mercado cripto exige reglas propias para la emisión, intercambio, custodia, publicidad, gestión de riesgos y resolución de controversias centradas en activos digitales. En una frase: el mismo molde regulatorio no sirve para dos industrias con riesgos, ciclos de vida de producto y mecanismos de gobernanza tan distintos.
Una ley específica podría elevar estándares sin frenar la innovación. Por ejemplo, detallar cómo se salvaguardan claves privadas, qué protocolos mínimos de ciberseguridad son exigibles en custodia, cómo se informa al usuario sobre la volatilidad y qué debe auditarse en reservas de stablecoins. También ayudaría a delimitar quién puede ofrecer qué: proveedores de intercambio, custodios, emisores de tokens y orquestadores de redes, cada uno con obligaciones diferenciadas. La claridad jurídica reduciría la incertidumbre operativa y mejoraría la protección al consumidor sin ahuyentar inversión.
En este punto, Rivero sintoniza con un reclamo extendido en el sector: la necesidad de una regulación de criptomonedas con identidad propia. El ecosistema ha crecido en sofisticación y alcance, y los supervisores requieren herramientas legales que no solo mitiguen riesgos, sino que también habiliten innovación responsable. Es aquí donde el país puede convertir su experiencia fintech en una ventaja, afinando un marco regulatorio que reconozca la naturaleza programable y global de los criptoactivos, en vez de forzarlos a un traje que no les queda.
La separación normativa no implica aislamiento. Al contrario, permitiría articular mejor la coordinación con autoridades financieras y fiscales, así como con los estándares internacionales de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Si México habilita una ruta clara y predecible, proveedores locales y extranjeros podrán planear a largo plazo, desplegar servicios con mejores garantías y reforzar la confianza de usuarios y contrapartes.
Qué falta en el marco regulatorio mexicano hoy
Hoy, la regulación fintech ofrece un paraguas general que reconoce la existencia de activos virtuales e introduce umbrales de autorización y control en ciertos supuestos. Aun así, persisten zonas grises relevantes para el día a día de las empresas cripto. La primera es definitoria: no todas las fichas digitales cumplen la misma función ni conllevan idénticos riesgos. Sin categorías legales operativas, las reglas pueden terminar siendo demasiado amplias o demasiado estrechas, y ambas situaciones dan lugar a inseguridad jurídica.
El segundo vacío es operativo. La custodia de activos digitales no se parece a la custodia de valores tradicionales; depende de la protección de claves, del diseño de políticas de multisig, de segregación de fondos y de resiliencia ante fallas de protocolo. Un marco regulatorio de detalle permitiría exigir estándares mínimos medibles: gestión de incidentes, pruebas de penetración periódicas, auditorías técnicas, e incluso métricas de disponibilidad y latencia para servicios de retiro y liquidación on-chain. Estas referencias son esenciales para que usuarios y autoridades comparen la calidad de los proveedores.
Un tercer frente es la información al consumidor. La volatilidad, la irreversibilidad de ciertas transacciones y la dependencia de terceros (oráculos, puentes, validadores) requieren divulgaciones claras, estandarizadas y comprensibles. No se trata solo de advertencias, sino de marcos de responsabilidad cuando hay fallas de custodia, fraudes por suplantación o colapsos de liquidez. Vinculado a ello está la publicidad: las leyes de cripto deberían acotar mensajes engañosos y exigir transparencia sobre riesgos, comisiones, conflictos de interés y mecanismos de soporte.
En materia de cumplimiento, la adopción de la Travel Rule y prácticas de monitoreo transaccional específicas para blockchain es ya una expectativa internacional. México puede incorporar lineamientos proporcionales al riesgo según actividad (intercambio retail, OTC, custodia institucional, pagos con cripto), con procedimientos de debida diligencia adaptados a la trazabilidad on-chain. Este enfoque evita cargas excesivas a jugadores pequeños y eleva el piso para quienes manejan mayores volúmenes o infraestructuras críticas.
La vertiente fiscal también pide mayor precisión. Resulta clave definir con claridad los hechos generadores, los criterios de valuación, los momentos de reconocimiento y las obligaciones de reporte en operaciones con criptoactivos. La certidumbre tributaria no solo mejora el cumplimiento; también elimina incentivos a la informalidad y reduce la fricción para inversionistas institucionales. Las leyes de cripto bien diseñadas orquestan estos elementos sin duplicidades ni contradicciones.
Finalmente, el tratamiento de stablecoins y la tokenización de activos del mundo real ameritan reglas específicas. La verificación independiente de reservas, la custodia de los colaterales, la portabilidad entre cadenas y los planes de contingencia para escenarios de desvinculación son piezas que, si se abordan en un cuerpo normativo propio, elevarán la confianza de usuarios, comercios y contrapartes financieras. Así se fortalece una regulación de criptomonedas enfocada en riesgos reales, no en categorías abstractas.
Lecciones internacionales y efectos en el mercado cripto
La experiencia comparada ofrece pistas. En Europa, marcos amplios como MiCA buscan uniformar reglas de emisión y servicios sobre criptoactivos, con énfasis en reservas de stablecoins y responsabilidad de proveedores. Brasil avanzó con lineamientos base para operar de forma ordenada. Estados Unidos, entre discusiones legislativas y acciones de supervisión, ilustra los costos de la ambigüedad: litigios, incertidumbre y decisiones empresariales postergadas. Para México, la lección es equilibrar salvaguardas con flexibilidad tecnológica, con un diseño normativo que no quede obsoleto ante la velocidad de cambio del sector.
Una ley especializada puede generar externalidades positivas en cadena: mayor acceso a seguros para custodios, alianzas bancarias más sólidas, mejor interlocución con auditores y rating de riesgos más fino para proyectos serios. Un piso regulatorio claro suele traducirse en menor costo de capital, expansión de pasarelas fiat-cripto y adopción empresarial. Al mismo tiempo, define consecuencias para el que incumpla, mejorando la disciplina del sector sin frenar el dinamismo del mercado cripto.
El momento de mercado añade presión. Con Bitcoin en 74,211 dólares (+0.48%), Ethereum en 2,329 dólares y Solana en 94.59 dólares, y con la capitalización de mercado de Bitcoin en 1.48 billones de dólares, el debate regulatorio ocurre en un entorno de mayor atención pública y liquidez. Estos niveles visibilizan oportunidades y riesgos: la afluencia de nuevos usuarios exige reglas claras de onboarding, límites de exposición y gestión de fraudes; los operadores necesitan certidumbre para invertir en infraestructura y controles; y los reguladores, herramientas para supervisar con enfoque de riesgo y datos en tiempo real. Una ventana de abundancia es el mejor momento para fortalecer la regulación de criptomonedas.
En ese sentido, las sandboxes o pilotos supervisados pueden evolucionar a un sistema modular de licencias para servicios cripto, escalable según actividad y tamaño. Licencias con requisitos proporcionales fomentan competencia y profesionalizan al ecosistema: intercambio minorista, custodia institucional, pagos con liquidación cripto, emisión de tokens referenciados, y orquestación de infraestructura. Cada módulo puede tener métricas de desempeño y reporteo enfocadas en riesgos críticos. Así se construye un playbook de supervisión vivo, que aprende y se ajusta con la práctica.
El equilibrio es delicado. Demasiadas barreras desalientan inversión y empujan a la informalidad; ausencia de reglas deja al usuario expuesto y frena la adopción empresarial. Por eso, un
Perspectiva: oportunidad de calibrar la próxima etapa
México tiene una oportunidad real de pasar de un enfoque de adaptación fintech a una regulación de criptomonedas moderna y propia. Con diálogo técnico entre autoridades, industria y academia, el país puede diseñar un marco regulatorio predecible y competitivo que ordene el mercado cripto y dé certeza a usuarios y empresas.
