Criptomonedas y concentración de poder
El intento de la República Centroafricana (RCA) por posicionarse como pionera del uso estatal de criptomonedas no ha fortalecido la inclusión financiera como se anticipó. En cambio, investigaciones recientes revelan que estos esfuerzos han beneficiado principalmente a ciertos grupos de élite política y empresarial. La adopción temprana de Bitcoin como moneda de curso legal y el lanzamiento posterior del proyecto Sango Coin apuntaban a modernizar la economía del país, pero han tenido efectos colaterales más complejos.
En lugar de empoderar a la población —donde solo el 14% tiene acceso a Internet—, gran parte de la infraestructura cripto promovida por el gobierno terminó beneficiando a individuos con conexiones al poder. Según fuentes independientes, estas iniciativas también podrían haber expuesto al país a redes internacionales de financiamiento opacas, facilitadas por la descentralización y baja supervisión institucional del mercado de altcoins.
Entre promesa tecnológica y fragilidad institucional
Aunque las criptomonedas como Bitcoin ofrecen una vía potencial para sortear sistemas bancarios ineficientes, su implementación requiere un ecosistema de gobernanza claro. En naciones con estructuras estatales débiles, como RCA, la adopción precipitada sin controles puede amplificar los riesgos de corrupción y prácticas de captura regulatoria. Esta forma de “captura del Estado” ocurre cuando actores privados influyen directamente en las políticas para su propio beneficio, algo que la transparencia blockchain no puede prevenir por sí sola.
Comparado con El Salvador —donde la adopción de Bitcoin ha sido igualmente controversial, pero dentro de un marco más institucionalizado—, la RCA carece tanto de infraestructura como de una clase media digital significativa que pueda exigir rendición de cuentas. Esto convierte los experimentos con altcoins no solo en apuestas económicas, sino en vectores de poder político para actores locales y extranjeros.
Repercusiones para el mercado de altcoins
Este caso plantea preguntas clave sobre cómo la adopción estatal de criptomonedas alternativas puede afectar la percepción global del mercado cripto. Por un lado, demuestra el interés creciente de gobiernos en recurrir a estos activos fuera del sistema financiero tradicional. Por otro, deja claro que sin marcos de gobernanza sólidos, la descentralización puede ser cooptada por intereses concentrados.
Además, estos modelos fallidos afectan la confianza institucional en proyectos emergentes sobre altcoins impulsados por gobiernos. Inversores y desarrolladores comienzan a exigir garantías sobre transparencia y marcos legales sólidos antes de colaborar con iniciativas nacionales de tokenización.
Perspectiva institucional a futuro
En el corto plazo, este caso servirá como advertencia. Inversionistas institucionales probablemente utilizarán a la RCA como ejemplo de lo que ocurre cuando intentos de adopción tecnológica operan sin adecuada supervisión legal ni capacidad estatal. En regiones en desarrollo, esto podría frenar futuras colaboraciones o promover nuevos modelos de gobernanza híbrida para proyectos cripto vinculados al Estado.
