Rusia propone pena de cárcel de hasta 7 años por operar cripto sin licencia

Hasta 7 años de cárcel para servicios cripto sin registro

El gobierno de Rusia presentó el 17 de abril ante la Duma Estatal un proyecto de ley que añadiría responsabilidad penal a quienes ofrezcan servicios vinculados con criptomonedas sin registrarse ante el Banco de Rusia. El texto —reportado por CoinTelegraph y DiarioBitcoin— apunta específicamente a la “organización de la circulación de moneda digital” al margen de la autorización del banco central.

Las sanciones propuestas son graduales. Para un individuo que opere sin registro, el proyecto contempla multas de hasta USD $4,000 y penas de hasta 4 años de prisión. Si la actividad la comete un grupo organizado, o si genera daños o ingresos a gran escala, la pena puede escalar hasta 7 años de cárcel. La iniciativa prevé además multas de hasta RUB 1,000,000 —unos USD $13,100— o su equivalente en ingresos del condenado durante hasta 5 años.

El alcance del texto va más allá de la minería ilegal, que ya había sido objeto de regulación penal en un paquete legislativo de marzo. Esta nueva propuesta extiende la amenaza penal a cualquier servicio de activos digitales que opere fuera del registro oficial, lo que en la práctica podría afectar a exchanges, intermediarios y operadores de infraestructura cripto.

La Corte Suprema objeta la propuesta como prematura

El proyecto no avanza sin resistencia interna. Según el medio ruso RBC, la Corte Suprema señaló que la iniciativa carece de “justificación fundamentada” para imponer sanciones penales y la calificó de “prematura”. El argumento del tribunal: criminalizar estas conductas antes de que entre en vigor la ley sobre Moneda Digital y Derechos Digitales —esperada para julio de 2026— crea un vacío normativo que el propio sistema judicial considera insostenible.

La objeción es políticamente relevante porque proviene del aparato judicial ruso, no de la oposición ni de la industria. Implica que las empresas enfrentarían sanciones penales mientras el contorno legal de sus obligaciones todavía no está definido, lo que genera incertidumbre tanto para operadores domésticos como internacionales.

El hack de Grinex como telón de fondo

La presentación del proyecto coincidió con una crisis en el ecosistema cripto ruso. Grinex, un exchange con sede en el país y actualmente sancionado internacionalmente, suspendió operaciones el 16 de abril después de perder más de RUB 1,000,000,000 —aproximadamente USD $13,700,000— en un hack. La empresa atribuyó el ataque a “entidades de estados hostiles” y presentó una denuncia penal ante las autoridades rusas.

Aunque el incidente no está directamente relacionado con el texto legislativo, sí refuerza la narrativa oficial que justifica mayor control sobre el sector. Los hackeos a plataformas no registradas o sancionadas son citados recurrentemente por funcionarios rusos para argumentar a favor de un marco de supervisión más estricto sobre intercambios y proveedores de servicios.

Un patrón regulatorio que apuesta por la criminalización

La propuesta rusa se inscribe en una tendencia más amplia de estados que buscan controlar los flujos cripto mediante herramientas penales. Irán usa stablecoins para cobrar peajes en el Estrecho de Ormuz y evadir sanciones, mientras que Brasil activa rastreo cripto contra evasión fiscal en 11 países de LATAM. La diferencia es notable: donde Brasil y LATAM apuestan por trazabilidad y cumplimiento tributario, Rusia propone la cárcel como disuasivo primario.

De aprobarse el proyecto, el Banco de Rusia quedaría como único árbitro de quién puede operar legalmente en el mercado de activos digitales ruso. Para empresas internacionales —incluidas plataformas con usuarios latinoamericanos que operan en mercados globales— eso equivale a un filtro estatal discrecional con consecuencias penales para quienes operen sin autorización expresa. El desenlace del proyecto dependerá tanto de la tramitación en la Duma como de la aprobación de la ley sobre Moneda Digital, prevista para julio de 2026.