Arbitrum DAO aprueba liberar 30,765 ETH pese a orden judicial de EEUU

Snapshot avala mover $70 millones en ETH del exploit de rsETH

Los delegados de gobernanza de Arbitrum aprobaron este viernes mediante Snapshot avanzar con la liberación de 30,765 ETH —cerca de 70 millones de dólares al precio actual de $2,305 por unidad— que permanecen congelados desde el 20 de abril tras el exploit de rsETH vinculado a Kelp DAO. La votación ocurre bajo la sombra de una orden de restricción emitida por un tribunal de Estados Unidos a petición de abogados que representan a víctimas del terrorismo norcoreano, según reportó DiarioBitcoin recogiendo información de Yahoo Finance.

La aprobación en Snapshot no implica liberación inmediata. Es apenas el segundo paso del proceso conocido como Constitutional AIP, que aún exige un retraso de votación de tres días, una votación onchain de entre 14 y 16 días, ocho días de espera en la capa 2, una semana adicional para la finalización del mensaje L2 a L1 y tres días finales en L1 antes de la ejecución. En conjunto suman al menos 35 días de margen, periodo durante el cual el frente judicial puede frenar el movimiento.

El origen: exploit rsETH y la sombra de Lazarus

El 20 de abril, el Security Council de Arbitrum activó sus privilegios de administrador para incautar el ETH considerado producto del exploit del protocolo Kelp DAO sobre rsETH. Los fondos quedaron en una dirección controlada por la propia DAO de Arbitrum: una billetera que solo puede mover activos con aprobación formal de gobernanza, lo que convirtió a la comunidad onchain en custodia temporal de una suma multimillonaria.

El nudo del caso aparece cuando los investigadores vinculan el exploit a Lazarus, el alias del grupo de hackers asociado a la República Popular Democrática de Corea (RPDC). Esa conexión arrastra los fondos al territorio de las sanciones internacionales y los reclamos por daños del terrorismo de Estado, una capa legal que el ecosistema DeFi rara vez había enfrentado con esta intensidad.

La orden judicial: víctimas del terrorismo norcoreano reclaman

La semana pasada, abogados que representan a víctimas del terrorismo norcoreano notificaron a Arbitrum DAO que habían obtenido una orden de restricción sobre el ETH congelado. El argumento jurídico apunta a que esos activos —aunque hoy estén bajo control de la DAO— estuvieron momentáneamente en manos de actores vinculados a la RPDC, lo que los convertiría en objetivo legítimo para ejecutar parcialmente cientos de millones de dólares en daños ya reconocidos por tribunales estadounidenses pero que siguen sin cobrarse.

Una entidad vinculada a Aave presentó posteriormente una solicitud de audiencia de emergencia para anular la orden, pero hasta ahora no hay fallo definitivo. La advertencia legal es severa: incumplir la orden de restricción podría acarrear consecuencias por desacato e incluso responsabilidad personal ilimitada para los miembros de Arbitrum DAO que aprueben el movimiento, un escenario que rompe el supuesto histórico de que votar en gobernanza onchain era una actividad de bajo riesgo legal.

Indemnización Aave Labs y los límites de la cobertura

La propuesta aprobada incluye protecciones de indemnización ofrecidas por Aave Labs para los participantes que ejecuten la decisión. En la práctica, esa cláusula busca trasladar el costo económico potencial fuera de los delegados individuales. Pero el blindaje tiene grietas claras: un acuerdo privado entre protocolos no necesariamente protege frente a una orden judicial federal, ni reemplaza obligaciones derivadas del desacato.

Tampoco es evidente que Aave Labs pudiera absorber el impacto si el desenlace fuera adverso. La magnitud del litigio —cientos de millones de dólares en daños reconocidos— excede la cobertura práctica de cualquier indemnización pactada en el marco de una propuesta de gobernanza. El choque deja al descubierto que los compromisos entre protocolos, laboratorios de desarrollo y DAOs no han sido probados aún en un escenario judicial estadounidense de este peso.

Precedente para DeFi: gobernanza onchain vs. justicia tradicional

El caso trasciende a Arbitrum. Si un tribunal logra condicionar o bloquear de forma efectiva el movimiento de activos bajo custodia de una DAO, el resto del sector tendrá que revisar sus mecanismos de Security Council, sus propuestas de emergencia y su exposición jurisdiccional. La arquitectura DeFi —que ya enfrentó la presión regulatoria de la Clarity Act estadounidense con firma fijada para el 4 de julio de 2026— suma ahora una vía paralela: la del litigio civil ordinario.

El episodio también pone a prueba la naturaleza jurídica del voto en gobernanza. Durante años se asumió que participar en un Snapshot era equivalente a opinar en un foro, sin consecuencias personales. La posibilidad de responsabilidad personal ilimitada —incluso para delegados que solo respaldaron la propuesta— altera radicalmente esa percepción y obligará a muchos protocolos a redactar nuevos términos legales de participación.

Lectura para México: CNBV, Ley Fintech y el vacío DAO

Para el ecosistema mexicano, el caso aporta una advertencia anticipada. La Ley Fintech vigente desde 2018 no reconoce a las DAOs como sujetos regulados ni atribuye personalidad jurídica a los delegados que votan en Snapshot. La CNBV y el Banco de México solo regulan a los Instituidos Tecnológicos Financieros (ITFs) y a las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico, dejando un vacío sobre la responsabilidad cuando un protocolo DeFi incauta o libera fondos sin orden judicial mexicana.

Si una orden judicial estadounidense puede tocar fondos custodiados onchain por una DAO con delegados anónimos repartidos globalmente, el precedente abre la puerta para que tribunales de cualquier jurisdicción —incluido México— intenten lo mismo cuando un exploit afecte a víctimas locales. Plataformas como Bitso o Volabit, que canalizan flujos cripto entre México y Estados Unidos, enfrentarían un escenario similar al brasileño con la resolución BCB 561 que prohibió stablecoins en remesas internacionales: la presión regulatoria avanza más rápido de lo que la infraestructura DeFi puede adaptarse.

Por ahora, el reloj corre en dos pistas paralelas. La gobernanza de Arbitrum tardará al menos 35 días en ejecutar la decisión, mientras la corte estadounidense puede emitir un fallo definitivo en cualquier momento. Lo que ocurra primero —y cómo reaccione la DAO— marcará el manual para una generación de protocolos descentralizados que ahora descubren que el código no es suficiente cuando un juez ordena lo contrario.