Juez Calama incauta Bitcoin de Zapatero por caso Plus Ultra

Calama autoriza incautar Bitcoin del expresidente vinculado al rescate de Plus Ultra

El juez José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, firmó el 18 de mayo de 2026 una resolución que autoriza la incautación de Bitcoin, Litecoin y otras criptomonedas que pudieran encontrarse en monederos virtuales del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y de los demás investigados en el caso Plus Ultra. La medida, adelantada por El País y confirmada por BeInCrypto el 23 de mayo, incluye además bloqueos de cuentas bancarias, copia íntegra de dispositivos electrónicos y acceso a correos y repositorios telemáticos. Zapatero está citado para declarar como imputado el 2 de junio de 2026.

Calama considera que Zapatero lideraba una «estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias» destinada a obtener beneficios económicos mediante intermediaciones a favor de Plus Ultra Líneas Aéreas, la aerolínea hispano-venezolana que recibió un rescate público de 53 millones de euros en 2021. La instrucción cifra en aproximadamente 2 millones de euros las comisiones irregulares percibidas por el entorno del expresidente, canalizadas en parte a través de la sociedad Inteligencia Prospectiva, que movió 2.6 millones de euros en cinco años con un 44% de los pagos dirigidos a Zapatero y su círculo más próximo, según la resolución judicial.

Prosegur Custodia de Activos Digitales se hace cargo de los criptoactivos

La custodia técnica de los Bitcoin y demás criptomonedas incautados quedará en manos de Prosegur Custodia de Activos Digitales, conforme a un expediente de contratación oficial de la Secretaría de Estado de Seguridad para gestionar criptoactivos decomisados en procedimientos judiciales españoles. El protocolo exige que las operaciones queden registradas en redes descentralizadas para garantizar trazabilidad e integridad de la cadena de custodia, un requisito que diferencia el manejo de cripto del de efectivo o valores tradicionales decomisados.

La instrucción la dirige la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional, con colaboración internacional de agencias estadounidenses como el FBI. Aunque la resolución no confirma todavía el hallazgo de criptomonedas concretas en poder de Zapatero, la autorización judicial expresa abre el camino al rastreo de monederos asociados a los investigados. España adiestra actualmente a 30 agentes de élite específicamente para el rastreo de Bitcoin y otras criptomonedas, una capacidad técnica que el país europeo viene reforzando ante el aumento de casos de blanqueo con activos digitales.

Bitcoin cotiza en USD 76,595 mientras se decide la custodia

El timing de la orden coincide con un mercado cripto en recuperación moderada. Bitcoin cotizaba este sábado 23 de mayo en USD 76,595 (1.33 millones de pesos mexicanos al tipo de cambio operativo de 17.33 MXN por dólar), con una subida de 1.48% en 24 horas tras varios días de presión bajista, de acuerdo con datos verificados en CoinGecko. La capitalización total de BTC se mantiene en USD 1.54 billones. Litecoin, también incluido expresamente en la orden de incautación, cotiza muy por debajo de su máximo histórico, mientras que cualquier hallazgo en stablecoins —que la orden no detalla— se valuaría prácticamente a paridad con el dólar.

Por qué el caso sienta precedente regulatorio en España

Plus Ultra es la primera causa de alto perfil político en España donde un juez ordena de manera explícita la incautación de criptoactivos como parte de una investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental y organización criminal. La novedad procesal está menos en el blanqueo en sí —investigado desde hace años en otros expedientes españoles— y más en el reconocimiento institucional de que un patrimonio oculto puede residir en Bitcoin, lo que obliga al Estado a desplegar una infraestructura de custodia regulada y de cooperación internacional con exchanges extranjeros.

El marco operativo español sigue la lógica de MiCA y de la integración de stablecoins en el sistema bancario español: cripto como activo regulado, custodia regulada y trazabilidad obligatoria. Coincide además con la línea europea de mayor escrutinio sobre rieles financieros que ya ha llevado a la FCA británica a investigar a PayPal, Visa y Mastercard por su exposición al ecosistema cripto. La diferencia es que el caso Zapatero pone el foco en la incautación, no en la prevención.

Lectura para el lector hispanoamericano: el cruce España-Venezuela

Plus Ultra es una aerolínea con accionistas venezolanos y operaciones de cabotaje a América Latina, lo que añade un componente transnacional al expediente. La cooperación de agencias estadounidenses citada por el auto se entiende en ese marco: los movimientos financieros podrían tener trazos en jurisdicciones de la región. Para operadores cripto en países como México, donde la CNBV no tiene aún un protocolo público comparable al de Prosegur Custodia para activos decomisados judicialmente, el caso español funciona como anticipo operativo. Cuando una autoridad latinoamericana se vea ante un decomiso similar, el modelo Prosegur —custodia regulada por un operador privado bajo contrato con el Estado, con registro on-chain— es uno de los pocos referentes ya en marcha en idioma español.

El cronograma inmediato está marcado por la declaración de Zapatero el 2 de junio. Si en las próximas semanas se confirman saldos significativos en monederos vinculados a los investigados, el caso podría escalar a una dimensión internacional y obligar a exchanges como Binance, Kraken o Bitget —activos en España y en mercados hispanohablantes— a responder a requerimientos judiciales españoles. Hasta entonces, lo que está sobre la mesa es la autorización formal: el Estado español ya tiene el mandato para entrar a la blockchain detrás del expresidente.